Hallazgo histórico: Descubiertos los primeros quemados por la Inquisición en Córdoba
El proyecto de Turismo Cultural “Casa de las Cabezas”, saca a la luz el primer Auto de Fe celebrado en Córdoba y la identidad de los primeros judeoconversos ajusticiados por el Santo Oficio
Este hallazgo obliga a reescribir ciertos episodios de la Historia de Córdoba situados cronológicamente en tiempo de los Reyes Católicos y relacionados con el establecimiento y primeros años del Santo Oficio de la Inquisición en la Ciudad, materia sobre la que existe gran desconocimiento e importantes lagunas. Hasta ahora los estudiosos de la materia consideraban a cierta mujer -cuyo nombre no ha trascendido- como la primera penada en Córdoba por la Inquisición. Fue quemada, al parecer, en cierto auto de fe celebrado en una fecha imprecisa del año de 1483, acusada de ser la manceba del tesorero de la Catedral, Pedro Fernández de Alcaudete. Este último será precisamente el que, hasta la fecha, proporcionaba el primer nombre y apellido de un penado por la terrible institución. Fue quemado por hereje judaizante en auto de fe celebrado el 28 de febrero de 1484 en el compas de convento de San Francisco, llamado por entonces de San Pedro el Real.
Pero como hemos señalado, el descubrimiento de cierta escritura pública de compraventa procedente del archivo de los condes de Luque, depositada en el Archivo general de Simancas y la identidad de los primeros quemados por la Inquisición en la Ciudad.
Se trataba de un matrimonio, MARTÍN FERNÁNDEZ MEMBREQUE Y JUANA FERNÁNDEZ. El primero pertenecía a un linaje de indudable origen judío, “Membreque”, converso a la postre. Aquel linaje fue prácticamente exterminado en la hoguera por el terrible inquisidor Diego Rodríguez Lucero, apodado el “Tenebrero”, a cuyos miembros los situó como protagonistas de un supuesto complot judaizante iniciado en el entorno de la Casa y calle de las Cabezas, acusándolos de tener sinagogas en el interior de sus casas y predicar en ella la ley de Moisés. Aquellos sucesos acaecidos a finales del siglo XV y principios del XVI, terminan en el más trágico y cruento auto de fe de toda la historia de la Inquisición, el celebrado en Córdoba el 22 de diciembre de 1504, en el que son arrojadas a la pira 107 personas por herejes judaizantes.
Martín y su esposa eran moradores y tenían sus casas en la antigua Judería de Córdoba, barrio que tras el fatídico asalto sufrido en 1391, desapareció como tal siendo su espacio reemplazado por un barrio o collación cristiana llamado de San Bartolomé. Concretamente, la casa se situaba en la calleja que por entonces llamaban de Sancho Díaz, vía llamada mas tarde de Juan Venegas y de la que podemos aportar el dato de que estaba muy próxima al “arquillo de la Judería”, que pensamos pudo estar cercano a la actual calleja de San Bartolomé.
De cualquier forma, a esta zona de la Ciudad, situada junto a la murallas occidentales de la Villa, limítrofe con el antiguo Alcázar, fueron a vivir muchos cristianos viejos tras la huida en masa de los judíos después de aquel asalto. No obstante, una parte de los que no huyeron siguieron habitando en su barrio, en el barrio de sus mayores, pero ahora convertidos al cristianismo, es decir, como “cristianos nuevos”, a quienes también apodaron “marranos” y “cochinos”, foco de las iras de la Inquisición desde el momento inicial de su implantación, mas aun si tenemos en cuenta la cercanía de aquella institución. En efecto, la Inquisición establece su sede en los Reales Alcázares, y los principales miembros de aquel tribunal fueron a morar precisamente a la antigua Judería, por lo podemos imaginar la presión que debieron soportar aquellos conversos cordobeses que no hacía muchos años habían sufrido la ira del pueblo en los tumultos iniciados en 1473 tras el incidente llamado de la Cruz del Rastro.
El ser condenado por los inquisidores implicaba no solo el castigo físico, que en el peor de los casos terminaba con la “relajación”, es decir, ser quemado vivo, sino que como pena accesoria el reo era privado de todos sus bienes muebles e inmuebles, que eran confiscados. Dicha requisa se producía inmediatamente después de que los inquisidores pronunciasen las penas en el correspondiente auto de fe, momento en el que entraba en acción la figura del Juez de bienes confiscados, autoridad nombrada por los reyes. De la escritura pública a la que estamos haciendo mención resulta que el primer juez comisionado para estos asuntos en la ciudad fue Bartolomé Maraver de Zafra, quien después llega a ser alcalde de la Ciudad. Traía en sus manos un poder de los Reyes Católicos en el que se le encomendaba la tarea de proceder a la realización de los bienes confiscados a los herejes, justificando los monarcas tal proceder aludiendo a la necesidad de aplicar los beneficios obtenidos en la costosa guerra contra los moros del Reino de Granada. Le encomendaban esta tarea apercibiéndole de que no malbaratase dichos bienes, y que si con carácter previo a la confiscación se hubieren de secuestrar los dichos bienes, mientras los inquisidores pronunciaban sentencia, los depositase en poder de “buenas personas llanas”, levantándose inventario de los mismos por un escribano público.
De esta guisa cumplió su cometido Bartolomé Maraver, quien el mismo día de la ejecución, el sábado 16 de Agosto de 1483, se personaba en la calle de las Escribanías, ante el escribano publico de Córdoba Diego Ruiz, mostrándole el poder de sus altezas y mandando pregonar por 30 días que:
[..quien quisiera comprar unas casas que son en esta ciudad de Córdoba en la collación de San Bartolomé, en la calleja que dicen de Sancho Díaz, que diz que han por linderos Casas del Arcediano de esta dicha ciudad de Córdoba, e con casas que fueron de Ferránd Ruiz Aragonés que son ahora del fisco del Rei i la Reyna nuestros señores e con casas del licenciado Juan Venegas e las cuales dichas casas que asi se han de pregonar fueron de Martin Fernández Membreque y de Juana Fernández, su mujer, que hoy sábado, dieciséis días del mes de Agsoto de 1483 años por los reverendos padres inquisidores de la heretica pravedad fueron pronunciados y declarados por hereges y fueron entregados a la justicia del Rei e Reyna nuestros señores por la cual dicha justicia real fueron mandados quemar por hereges e fueron quemados e confiscados sus bienes e aplicados a sus altezas e cámara e fisco. Todo lo cual yo, el dicho Diego Ruiz, escribano público, doy fe de que fue y paso asi, por lo que yo vi en presencia de mucha gente que ende estaba presente…]
(Extracto de la escritura de compraventa otorgada ante el escribano publico Diego Ruiz, el 16 de Agosto de 1483).
Estas casas fueron adjudicadas a quien resultaba el mejor postor en la subasta, un miembro de la nobleza local llamado Diego Fernández de Valenzuela. Pero el protocolo notarial en cuestión arroja otros datos muy interesantes que no queremos dejar de mencionar, como la identidad de otros posibles quemados en aquel primer auto de fe, entre ellos, Ferrand Ruiz Aragonés, cuyos bienes por esa misma fecha también habían sido confiscados y ya eran del Fisco.
Finalmente, el
Sr. Ramos, señala que este es solo el inicio de esta apasionante investigación
para desdeñar todos los entresijos de aquel primer auto de fe, pues no le cabe duda que en el mismo ardieron otras
personas. No se trata de hacer ahora juicios de valor, ni de revisar la
historia. Es simple investigación histórica de unos hechos sobre los que la
Iglesia católica, de la que el Sr. Ramos manifiesta que forma parte activa,
como católico practicante, ha perdido perdón en cientos de ocasiones, cosa que
no se puede decir lo mismo que hagan o hayan hecho otras religiones.
Así pues, con
esta aportación histórica se completa importantes trabajos, como el Rafael Gracia
Boix, autor de Autos de Fe y Causas de la Inquisición en Córdoba, que reconocía como a pesar de la gran extensión de su
obra, los datos y casos allí contenidos, resultaban insuficiente, pues los archivos del
Tribunal se perdieron por uno u otro motivo. Esta perdida, a veces
intencionada, ha supuesto y sigue suponiendo todo un reto para los
investigadores que tienen una labor importante por hacer, para intentar reconstruir aquellos inicios del
Tribunal de la Inquisición de Córdoba y, sobre todo, completar la que, desde
Casa de las Cabezas, llaman la “Lista negra de Lucero”.
Agradecimientos a doña Alicia Córdoba, directora del Archivo Histórico Provincial
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